Boletín legal de noviembre 2025
RESOLUCIÓN
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI)
NRO. NAC-DGERCGC25-00000035
El Servicio de Rentas Internas expidió la Resolución NAC-DGERCGC25-00000035, mediante la cual se reforman las normas para la declaración y pago conjunto de obligaciones tributarias establecidas originalmente en la Resolución No. 1065. La finalidad principal de esta reforma es modernizar, aclarar y optimizar los procedimientos relacionados con los pagos consolidados de tributos internos a través de la plataforma en línea institucional. El SRI reconoce la creciente necesidad de simplificar las cargas administrativas del contribuyente, garantizando simultáneamente el adecuado control fiscal y la trazabilidad de los pagos.
La resolución incorpora ajustes técnicos de carácter operativo que impactan directamente a personas naturales, jurídicas, agentes de retención y agentes de percepción. Se actualizan procedimientos vinculados al flujo de información, requisitos de presentación, validaciones automáticas del sistema y controles sobre los montos declarados. Igualmente, se fortalecen los parámetros relacionados con la responsabilidad de los agentes retenedores al momento de efectuar los pagos y transferencias correspondientes al fisco, reconociendo que la retención y percepción de tributos implica obligaciones formales y materiales que, de ser incumplidas, pueden generar sanciones administrativas e incluso responsabilidad solidaria.
En el ámbito tecnológico, se fortalecen los mecanismos de seguridad y verificación automática de datos para evitar errores frecuentes y reducir inconsistencias históricamente detectadas en la presentación conjunta de tributos. Como resultado, la reforma permite una mayor eficiencia, asegura una interacción más integrada entre contribuyentes y administración tributaria, mejora los tiempos de respuesta y promueve la correcta determinación de obligaciones fiscales. Se recomienda a los contribuyentes revisar sus protocolos internos y actualizar sus sistemas contables para ajustarse plenamente a estas nuevas disposiciones, cuya vigencia es inmediata.
Fuente: Séptimo Suplemento del Registro Oficial N.º 154.
Miércoles 05 de noviembre de 2025.
RESOLUCIÓN
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI)
NRO. NAC-DGERCGC25-00000037
El Servicio de Rentas Internas expidió la Resolución NAC-DGERCGC25-00000037, mediante la cual se reforman las disposiciones de la Resolución NAC-DGERCGC15-00000052 relativas al listado de paraísos fiscales, jurisdicciones de menor imposición y regímenes fiscales preferentes. Esta actualización normativa responde a la necesidad de mantener alineado el marco tributario ecuatoriano con los estándares internacionales de transparencia fiscal, cooperación global y políticas de lucha contra la evasión y el lavado de activos.
La reforma introduce una revisión técnica del listado vigente de jurisdicciones consideradas como paraísos fiscales, tomando en cuenta tres parámetros esenciales: (i) nivel de imposición efectiva, (ii) existencia de actividades económicas sustanciales dentro de la jurisdicción y (iii) disponibilidad y calidad del intercambio de información bajo los estándares internacionales del Foro Global. Este ajuste es fundamental para garantizar que Ecuador cumpla con las recomendaciones de la OCDE, FATF-GAFI y otros organismos internacionales especializados en materia de transparencia fiscal y prevención de ilícitos financieros.
El SRI recalca que la clasificación de un país o territorio como paraíso fiscal tiene implicaciones directas en los procesos de determinación tributaria, especialmente en operaciones con partes relacionadas, precios de transferencia, deducibilidad de costos y gastos, retenciones en la fuente, presunciones legales y cargas probatorias para el contribuyente. Por ello, la resolución también incorpora mecanismos de verificación documental más robustos, orientados a asegurar que los beneficios fiscales obtenidos por operaciones internacionales cumplan con principios de sustancia económica y no correspondan a esquemas artificiales de planificación agresiva.
Asimismo, se fortalece la facultad de la administración tributaria para incluir o excluir jurisdicciones cuando existan elementos suficientes que demuestren cambios regulatorios o deficiencias en el intercambio de información. Esto garantiza que el listado permanezca actualizado y se convierta en una herramienta efectiva de control fiscal. La resolución exige a los contribuyentes revisar su estructura corporativa internacional, evaluar el impacto en sus operaciones y adecuar sus políticas de cumplimiento tributario ante los cambios introducidos.
Fuente: Séptimo Suplemento Registro Oficial N.º 165 – 17 de noviembre de 2025.
ACUERDO MINISTERIAL
MINISTERIO DEL TRABAJO
Nro. MDT-2025-186
El Ministerio del Trabajo expidió el Acuerdo Ministerial MDT-2025-186, mediante el cual se introducen reformas sustanciales al Acuerdo MDT-2025-102 que regula la prevención, atención, investigación y sanción de casos de acoso laboral, violencia laboral, discriminación y vulneración de derechos dentro del entorno de trabajo. El Acuerdo reformatorio incorpora lineamientos más exigentes para los empleadores respecto de la implementación de protocolos internos de denuncia y atención de casos de acoso y violencia, estableciendo además parámetros claros de actuación que deben aplicarse en procedimientos internos. La reforma amplía definiciones esenciales, tales como “violencia psicológica”, “violencia simbólica”, “acoso sexual”, “hostigamiento”, “discriminación directa e indirecta”, e incluso incorpora nuevas categorías asociadas a violencia digital en ambientes laborales, un aspecto que cobra particular relevancia en un contexto donde el teletrabajo y la comunicación digital son más frecuentes. Asimismo, se refuerzan las obligaciones empresariales respecto a la constitución y funcionamiento de los Comités de Ética o de Atención de Casos. Estos órganos deberán cumplir nuevas exigencias en cuanto a independencia, imparcialidad, formación de sus miembros, plazos de respuesta y confidencialidad. El acuerdo enfatiza la necesidad de generar registros detallados de cada caso, incorporar mecanismos de protección para víctimas y denunciantes, y garantizar la no revictimización durante el proceso. También se establecen lineamientos para la adopción de medidas de reparación y seguimiento posterior. En materia preventiva, la reforma obliga a los empleadores a incorporar programas de capacitación continua, campañas de sensibilización y actualización permanente de sus reglamentos internos, alineándolos con la nueva normativa. Se incorpora también un enfoque de género, interseccionalidad y derechos humanos, como elementos transversales en la gestión del talento humano.
Fuente: Sexto Suplemento del Registro Oficial N.º 171. Martes 25 de noviembre de 2025.
DECRETO EJECUTIVO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Nro. 211
El Presidente de la República expidió el Decreto Ejecutivo N.º 211, mediante el cual se emite el Reglamento General a la Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Malnutrición en el Ecuador. Este reglamento constituye la herramienta normativa esencial para la operativización de la Ley, cuyo objetivo principal es garantizar a toda la población —en especial a niños, niñas y adolescentes— el acceso a alimentación adecuada, nutritiva, suficiente y culturalmente pertinente.
El reglamento desarrolla un modelo de gobernanza interinstitucional que articula al Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Ministerio de Educación, Ministerio de Agricultura y Ganadería, gobiernos autónomos descentralizados y otras instituciones vinculadas al sistema nacional de protección integral. Cada entidad asume obligaciones específicas destinadas a mejorar la disponibilidad, acceso y consumo de alimentos nutritivos, así como a fortalecer la promoción de hábitos saludables.
Se establecen normas sobre programas de nutrición infantil, suplementación alimentaria, controles prenatales, lactancia materna, vigilancia del crecimiento y desarrollo, escolarización con servicios de alimentación saludable, sistemas de alerta temprana y mecanismos de intervención comunitaria. Se incorporan lineamientos para la creación de políticas territoriales adaptadas a las particularidades de cada región del país, priorizando zonas con mayor prevalencia de desnutrición crónica infantil. Se impulsa además la producción local de alimentos saludables, la soberanía alimentaria y la sostenibilidad del sistema agroalimentario.
En materia de transparencia y participación, se dispone la inclusión activa de organizaciones sociales, comunidades, academia y actores del sector productivo para garantizar la corresponsabilidad en la erradicación de la malnutrición.
En suma, este decreto fortalece significativamente el marco institucional del país en materia de seguridad alimentaria, estableciendo una ruta normativa clara para combatir la malnutrición y reducir la desnutrición infantil como prioridad de Estado.
Fuente: Séptimo Suplemento del Registro Oficial N.º 164. Vieres 14 de noviembre de 2025.
ACUERDO
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
Nro. Nro. 075-CG-2025
La Contraloría General del Estado expidió el Acuerdo 075-CG-2025, mediante el cual se emite el Reglamento para la Ejecución del Examen Especial a las Declaraciones Patrimoniales Juradas. Este instrumento normativo actualiza y fortalece el régimen de control patrimonial de los servidores públicos, en cumplimiento del artículo 231 de la Constitución y la Ley para la Presentación y Control de las Declaraciones Patrimoniales Juradas. El reglamento define los principios y procedimientos para la verificación, análisis, comparación y contraste de la información contenida en las declaraciones patrimoniales. Regula el ejercicio de las facultades de auditoría de la Contraloría, determinando parámetros de acceso irrestricto a bases de datos públicas y privadas, mecanismos de cruce de información financiera, tributaria y registral, y criterios para identificar inconsistencias, incrementos patrimoniales injustificados o presuntos casos de enriquecimiento ilícito.
El Acuerdo detalla las fases del examen especial, incluyendo:
- Planificación: identificación de sujetos obligados, riesgos, criterios de selección y alcance del examen.
- Ejecución: levantamiento de información, requerimientos documentales, visitas de auditoría, cotejo de activos, pasivos e ingresos.
- Análisis técnico: aplicación de metodologías financieras, reconstrucción patrimonial y evaluación de justificaciones.
- Determinación de responsabilidades: emisión de indicios, glosas, recomendaciones o remisión a Fiscalía.
Se incorporan herramientas de supervisión para garantizar la objetividad del proceso, así como obligaciones de archivo, custodia y protección de datos personales. Adicionalmente, se regulan los procedimientos de solicitud de información a terceros relacionados con el servidor público cuando existan indicios razonables de testaferrismo. El reglamento promueve la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de la función pública, asegurando que los servidores mantengan coherencia entre su nivel de ingresos y su patrimonio. La norma también exige la capacitación continua del personal auditor y la adopción de estándares internacionales de control gubernamental.
Fuente: Suplemento del Registro Oficial. No. 160. Lunes 10 de noviembre de 2025.
RESOLUCIÓN
UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO (UAFE)
Nro. UAFE-DG-2025-0596
La Unidad de Análisis Financiero y Económico emitió la Resolución UAFE-DG-2025-0596, mediante la cual se establecen los requisitos, procedimientos y parámetros técnicos para la inactivación del código de registro de los sujetos obligados que se encuentran dentro del Sistema Nacional de Prevención y Detección del Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos. Esta normativa responde a la necesidad institucional de depurar y actualizar el registro, garantizando que únicamente permanezcan activos aquellos sujetos que efectivamente mantienen obligaciones de reporte. La resolución establece que la inactivación del código podrá solicitarse cuando una persona natural o jurídica deje de realizar las actividades económicas que la califican como sujeto obligado, cuando cese su giro de negocio o cuando los cambios societarios impliquen la transferencia o extinción de la actividad susceptible de riesgo. El procedimiento exige que el solicitante presente documentación respaldatoria que demuestre la terminación de actividades, tales como baja de RUC, resolución de liquidación de compañía, traspaso de operaciones o cierre de establecimientos.
Además, la UAFE incorpora un proceso de evaluación previa, mediante el cual verificará si el sujeto obligado mantiene reportes pendientes, irregularidades, omisiones o inconsistencias en su historial de cumplimiento. Solo una vez subsanadas estas obligaciones podrá continuarse con la inactivación. Esto garantiza que las entidades no puedan evitar su responsabilidad mediante la simple solicitud de baja, reforzando la integridad del sistema. La norma dispone también que, aun inactivado el código, el ex–sujeto obligado deberá conservar la documentación respaldatoria por un período determinado y facilitar cualquier requerimiento de información vinculado a investigaciones financieras o penales. Esto se fundamenta en el principio de trazabilidad y continuidad en la lucha contra el lavado de activos. Finalmente, la resolución refuerza las facultades de supervisión de la UAFE, estableciendo que la entidad podrá reactivar un código previamente inactivado si se detecta que el solicitante continúa operando en actividades consideradas de riesgo. Esta norma fortalece el marco regulatorio nacional, asegurando un control más eficiente y un registro actualizado, confiable y alineado con estándares internacionales.
Fuente: Suplemento Registro Oficial N.º 156. Viernes 31 de octubre de 2025.
RESOLUCIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA
Nro. 083-2025
El Consejo de la Judicatura expidió la Resolución 083-2025, mediante la cual se crean Unidades Judiciales Especializadas de lo Constitucional y Salas Especializadas en las provincias del país. Esta resolución se fundamenta en los artículos 11, 66, 177, 178 y 199 de la Constitución, así como en los artículos 254 y 264 del Código Orgánico de la Función Judicial, que facultan al Consejo de la Judicatura como órgano de gobierno y administración de la Función Judicial. Las nuevas dependencias buscan fortalecer la justicia constitucional en el Ecuador, garantizando una respuesta más técnica, uniforme, especializada y oportuna frente a la creciente demanda de acciones de protección, hábeas corpus, hábeas data, acciones por incumplimiento y demás garantías jurisdiccionales. La resolución reconoce que la justicia constitucional requiere operadores capacitados en interpretación de derechos humanos, tratados internacionales, estándares interamericanos y criterios jurisprudenciales de la Corte Constitucional.
La normativa establece la estructura interna de las Unidades y Salas Especializadas, determinando su organización operativa, perfiles profesionales, distribución territorial, mecanismos de coordinación y competencias específicas. También incorpora disposiciones relacionadas con la carga procesal, tiempos de resolución, priorización de casos urgentes y herramientas tecnológicas que deberán emplearse para el seguimiento de decisiones constitucionales. Asimismo, se enfatiza la necesidad de capacitación continua de jueces, secretarios y personal de apoyo, a fin de asegurar que las resoluciones se adopten bajo parámetros de razonabilidad, proporcionalidad y enfoque de derechos. La resolución también prevé procesos de monitoreo y evaluación para verificar el impacto de estas dependencias en la reducción de tiempos procesales, incremento de calidad de fallos y mejora en la tutela efectiva de derechos. Finalmente, se reconoce la importancia de la coordinación con otras funciones del Estado para dar cumplimiento a sentencias constitucionales. En conjunto, esta resolución representa un avance significativo para la consolidación de un sistema judicial más garantista, eficiente y especializado, acorde a las necesidades del país.
Fuente: Segundo Suplemento Registro Oficial N.º 162. Miércoles 12 de noviembre de 2025.
RESOLUCIÓN
CONSEJO DE LA JUDICATURA
No. 084-2025
Mediante la Resolución 084-2025, el Consejo de la Judicatura deroga la Resolución 063-2025, la cual contenía el Reglamento para tramitar la autorización de salida del país de niños, niñas y adolescentes mediante el servicio notarial. Esta derogatoria se fundamenta en principios constitucionales relacionados con la libre movilidad (art. 66.14), el interés superior del niño, la competencia normativa de la Función Judicial y los estándares internacionales de protección de menores.
La resolución parte del reconocimiento de que la regulación anterior establecía procedimientos notariales que, en algunos casos, generaban cargas innecesarias o interpretaciones ambiguas sobre los requisitos exigibles para autorizar la salida del país de menores de edad. Con la derogatoria, se busca evitar trámites redundantes, reforzar la claridad normativa y garantizar que cualquier restricción a la movilidad de niños y adolescentes sea exclusivamente la prevista en la ley y ordenada por juez competente.
La norma también señala la importancia de asegurar la integridad y seguridad documental en procedimientos relacionados con movilidad humana y prevención de tráfico de menores. Para ello, se retoman principios establecidos en el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y otras disposiciones internacionales. Mientras se expiden nuevas directrices, se mantiene la aplicación del marco legal principal: Código de la Niñez y Adolescencia, Ley Notarial y regulaciones migratorias vigentes.
La derogatoria implica que los notarios deben ajustarse estrictamente a la ley sin aplicar disposiciones reglamentarias previamente derogadas. Asimismo, el Consejo de la Judicatura promoverá la elaboración de una nueva normativa más clara, armonizada y adaptada a estándares de protección de derechos.
Este cambio normativo permite evitar duplicidades procedimentales, fortalecer la seguridad jurídica y proteger a niños, niñas y adolescentes bajo un marco regulatorio actualizado y coherente.
Fuente: Segundo Suplemento Registro Oficial N.º 162. Miércoles 12 de noviembre de 2025.
DECRETO EJECUTIVO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Nro. 212
El Decreto Ejecutivo N.º 212 expide el Reglamento General a la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas del Ecuador, una normativa fundamental para consolidar la gobernanza ambiental del país y garantizar la conservación de su biodiversidad. El reglamento desarrolla la estructura del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), definiendo competencias, niveles de gestión, mecanismos de financiamiento e instrumentos de planificación para la administración de las áreas protegidas. Establece que la Autoridad Ambiental Nacional es responsable de la rectoría del sistema, mientras que las administraciones delegadas —incluyendo organismos públicos locales, organizaciones comunitarias y actores privados— deben cumplir requisitos específicos para operar bajo principios de sostenibilidad, precaución, restauración y uso racional de los recursos naturales. Entre los elementos clave del reglamento se encuentran, los requisitos para la obtención, renovación y supervisión de autorizaciones administrativas para actividades dentro de áreas protegidas, normas para la intervención en zonas de amortiguamiento, lineamientos sobre turismo ecológico, investigación científica, educación ambiental y aprovechamiento sostenible, y los mecanismos de evaluación, auditoría ambiental, control y sanción. Asimismo, regula el Fondo Nacional para Áreas Protegidas, que se financiará mediante asignaciones presupuestarias, cooperación internacional, alianzas público-comunitarias y contribuciones privadas. El reglamento incorpora además incentivos para la conservación, reconociendo el rol de las comunidades locales en la protección de ecosistemas estratégicos como páramos, bosques nublados y reservas marinas. Se prioriza la restauración de ecosistemas degradados y la prevención de actividades ilegales como minería, tala o cacería dentro del SNAP. También se regula la participación ciudadana y las consultas territoriales, incluyendo el rol de pueblos indígenas y nacionalidades en la gestión comunitaria del patrimonio natural. Este reglamento dota al país de un instrumento sólido y actualizado para garantizar la conservación de sus áreas protegidas, alineado con compromisos internacionales de cambio climático, biodiversidad y desarrollo sostenible.
Fuente: Sexto Suplemento Registro Oficial N.º 166. Martes 18 de noviembre de 2025.
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Legal Bulletin November 2025
RESOLUTION INTERNAL REVENUE SERVICE (SRI)
NRO. NAC-DGERCGC25-00000035
The Internal Revenue Service (SRI) issued Resolution NAC-DGERCGC25-00000035, which amends the rules governing the joint filing and payment of tax obligations originally established in Resolution No. 1065. The primary purpose of this reform is to modernize, clarify, and streamline the procedures related to consolidated payments of domestic taxes through the institution’s online platform. The SRI recognizes the growing need to simplify taxpayers’ administrative burdens while simultaneously ensuring proper fiscal oversight and the traceability of payments.
The resolution introduces technical operational adjustments that directly affect individuals, legal entities, withholding agents, and collection agents. It updates procedures related to information flows, filing requirements, automatic system validations, and controls over the amounts declared. Similarly, the parameters regarding the responsibilities of withholding agents in making payments and transfers to the tax authorities are strengthened, acknowledging that the withholding and collection of taxes entail formal and substantive obligations which, if not fulfilled, may give rise to administrative sanctions and even joint liability.
In the technological domain, security mechanisms and automated data verification processes have been strengthened to prevent common errors and reduce inconsistencies historically observed in the joint filing of taxes. As a result, the reform enables greater efficiency, ensures more integrated interaction between taxpayers and the tax administration, improves response times, and promotes the correct determination of tax obligations. Taxpayers are advised to review their internal protocols and update their accounting systems to fully comply with these new provisions, which take effect immediately.
Source: Seventh Supplement of the Official Registry No. 154. Wednesday, November 5, 2025.
RESOLUTION
INTERNAL REVENUE SERVICE (SRI)
NRO. NAC-DGERCGC25-00000037
The Internal Revenue Service (SRI) issued Resolution NAC-DGERCGC25-00000037, which amends the provisions of Resolution NAC-DGERCGC15-00000052 concerning the list of tax havens, low-tax jurisdictions, and preferential tax regimes. This regulatory update responds to the need to align Ecuador’s tax framework with international standards on fiscal transparency, global cooperation, and policies to combat tax evasion and money laundering.
The reform introduces a technical review of the current list of jurisdictions considered tax havens, taking into account three essential parameters: (i) the level of effective taxation, (ii) the existence of substantial economic activities within the jurisdiction, and (iii) the availability and quality of information exchange under the international standards of the Global Forum. This adjustment is essential to ensure that Ecuador complies with the recommendations of the OECD, FATF, and other international bodies specialized in fiscal transparency and the prevention of financial crimes. The SRI
emphasizes that the classification of a country or territory as a tax haven has direct implications for tax assessment processes, particularly in transactions with related parties, transfer pricing, deductibility of costs and expenses, withholding taxes, legal presumptions, and the evidentiary burden on the taxpayer. Therefore, the resolution also incorporates more robust documentary verification mechanisms, aimed at ensuring that the tax benefits obtained from international operations comply with the principles of economic substance and do not correspond to artificial aggressive tax planning schemes.
Additionally, the authority of the tax administration is strengthened to include or exclude jurisdictions whenever sufficient evidence demonstrates regulatory changes or deficiencies in information exchange. This ensures that the list remains up-to-date and serves as an effective fiscal control tool. The resolution requires taxpayers to review their international corporate structure, assess the impact on their operations, and adjust their tax compliance policies in response to the changes introduced.
Source: Seventh Supplement of the Official Registry No. 165 – November 17, 2025.
MINISTERIAL AGREEMENT
MINISTRY OF LABOR
Nro. MDT-2025-186
The Ministry of Labor issued Ministerial Agreement MDT-2025-186, through which substantial reforms are introduced to Agreement MDT-2025-102, regulating the prevention, management, investigation, and sanctioning of cases of harassment, occupational violence, discrimination, and violations of rights within the work environment. The amending Agreement incorporates more stringent guidelines for employers regarding the implementation of internal reporting and response protocols for cases of harassment and violence, also establishing clear standards of conduct to be applied in internal proceedings. The reform expands essential definitions, such as “psychological violence,” “symbolic violence,” “sexual harassment,” “bullying,” “direct and indirect discrimination,” and even introduces new categories related to digital violence in the workplace—an aspect of particular relevance in a context where teleworking and digital communication are increasingly common. Additionally, the Agreement strengthens corporate obligations regarding the establishment and operation of Ethics or Case Management Committees. These bodies must comply with new requirements concerning independence, impartiality, member training, response timeframes, and confidentiality. The Agreement emphasizes the need to maintain detailed records of each case, implement protection mechanisms for victims and complainants, and ensure that no revictimization occurs during the process. Guidelines are also established for the adoption of remedial measures and subsequent follow-up. From a preventive standpoint, the reform requires employers to implement ongoing training programs, awareness campaigns, and continuous updates to internal regulations, aligning them with the new legislation. Gender, intersectionality, and human rights perspective is also incorporated as a cross-cutting element in human talent management.
Source: Sixth Supplement of the Official Registry No. 171. Tuesday, November 25, 2025.
EXECUTIVE DECREE
PRESIDENCY OF THE REPUBLIC
Nro. 211
The President of the Republic issued Executive Decree No. 211, through which the General Regulation to the Organic Law for the Prevention and Eradication of Malnutrition in Ecuador is enacted. This regulation serves as the essential normative instrument for the implementation of the Law, whose primary objective is to guarantee that the entire population, particularly children and adolescents, has access to adequate, nutritious, sufficient, and culturally appropriate food.
The regulation establishes an interinstitutional governance model that coordinates the Ministry of Public Health, Ministry of Economic and Social Inclusion, Ministry of Education, Ministry of Agriculture and Livestock, decentralized autonomous governments, and other institutions linked to the national comprehensive protection system. Each entity assumes specific responsibilities aimed at improving the availability, access, and consumption of nutritious foods, as well as strengthening the promotion of healthy habits.
The regulation sets forth standards for child nutrition programs, dietary supplementation, prenatal care, breastfeeding, monitoring of growth and development, school enrollment with healthy food services, early warning systems, and community intervention mechanisms. Guidelines are included for the development of territorial policies tailored to the specific characteristics of each region, prioritizing areas with the highest prevalence of chronic child malnutrition. Additionally, the regulation promotes local production of healthy foods, food sovereignty, and the sustainability of the agri-food system. Regarding transparency and participation, the regulation provides for the active inclusion of social organizations, communities, academic institutions, and actors from the productive sector to ensure shared responsibility in the eradication of malnutrition. In summary, this decree significantly strengthens the country’s institutional framework for food security, establishing a clear regulatory path to combat malnutrition and reduce child undernutrition as a national priority.
Source: Seventh Supplement of the Official Registry No. 164. Friday, November 14, 2025.
AGREEMENT
GENERAL STATE COMPTROLLER’S OFFICE
Nro. Nro. 075-CG-2025
The General State Comptroller’s Office issued Agreement 075-CG-2025, which establishes the Regulation for the Implementation of the Special Audit of Sworn Asset Declarations. This regulatory instrument updates and strengthens the asset control framework for public servants, in compliance with Article 231 of the Constitution and the Law on the Submission and Oversight of Sworn Asset Declarations. The regulation defines the principles and procedures for verifying, analyzing, comparing, and cross-checking the information contained in the asset declarations. It regulates the exercise of the Comptroller General’s auditing powers, establishing parameters for unrestricted access to public and private databases, mechanisms for cross-referencing financial, tax, and registry information, and criteria for identifying inconsistencies, unjustified increases in assets, or alleged cases of illicit enrichment.
The Agreement details the phases of the special examination, including:
1. Planning: Identification of obligated individuals, risk
assessment, selection criteria, and scope of the examination.
2. Execution: Collection of information, documentary requests, audit visits, and verification of assets, liabilities, and income.
3. Technical Analysis: Application of financial methodologies, patrimonial reconstruction, and evaluation of justifications.
4. Determination of Responsibilities: Issuance of findings, discrepancies, recommendations, or referral to the Public Prosecutor’s Office.
Supervisory tools are incorporated to ensure the objectivity of the process, along with obligations regarding the filing, safekeeping, and protection of personal data. Additionally, procedures are regulated for requesting information from third parties related to the public servant when there are reasonable indications of fronting (use of proxies). The regulation promotes transparency and accountability in the exercise of public duties, ensuring that officials maintain consistency between their income level and their assets. The standard also requires continuous training of audit personnel and the adoption of international governmental control standards.
Source: Official Gazette Supplement No. 160. Monday, November 10, 2025.
RESOLUTION
FINANCIAL AND ECONOMIC ANALYSIS UNIT (UAFE)
Nro. UAFE-DG-2025-0596
The Financial and Economic Analysis Unit issued Resolution UAFE-DG-2025-0596, which establishes the requirements, procedures, and technical parameters for the deactivation of the registration code of obligated parties within the National System for the Prevention and Detection of Money Laundering and Financing of Crimes. This regulation addresses the institutional need to streamline and update the registry, ensuring that only those parties who actually maintain reporting obligations remain active. The resolution establishes that code deactivation may be requested when a natural or legal person ceases the economic activities that qualify them as an obligated party, when their business operations terminate, or when corporate changes result in the transfer or cessation of activities that pose a risk. The procedure requires the applicant to submit supporting documentation demonstrating the cessation of activities, such as deregistration from the RUC, company liquidation resolution, transfer of operations, or closure of business premises.
Additionally, the UAFE incorporates a prior evaluation process, through which it will verify whether the obliged party has any pending reports, irregularities, omissions, or inconsistencies in its compliance history. Only once these obligations have been rectified can the inactivation proceed. This ensures that entities cannot evade their responsibilities merely by requesting deregistration, thereby reinforcing the integrity of the system. The regulation also stipulates that, even after the code has been inactivated, the former obliged party must retain the supporting documentation for a specified period and provide any information requested in connection with financial or criminal investigations. This is based on the principle of traceability and continuity in the fight against money laundering. Finally, the resolution reinforces the UAFE’s supervisory powers, establishing that the entity may reactivate a previously inactivated code
if it is found that the applicant continues to engage in activities considered high-risk. This regulation strengthens the national regulatory framework, ensuring more efficient oversight and a current, reliable register aligned with international standards.
Source: Official Registry Supplement No. 156. Friday, October 31, 2025.
RESOLUTION
JUDICIARY COUNCIL
Nro. 083-2025
The Judiciary Council issued Resolution 083-2025, through which Specialized Judicial Units for Constitutional Matters and Specialized Chambers are established in the provinces of the country. This resolution is based on Articles 11, 66, 177, 178, and 199 of the Constitution, as well as Articles 254 and 264 of the Organic Code of the Judicial Function, which empower the Judiciary Council as the governing and administrative body of the Judicial Function. The new units aim to strengthen constitutional justice in Ecuador, ensuring a more technical, uniform, specialized, and timely response to the increasing demand for protection actions, habeas corpus, habeas data, enforcement actions, and other judicial guarantees. The resolution acknowledges that constitutional justice requires operators trained in the interpretation of human rights, international treaties, Inter-American standards, and jurisprudential criteria of the Constitutional Court.
The regulation establishes the internal structure of the Specialized Units and Chambers, defining their operational organization, professional profiles, territorial distribution, coordination mechanisms, and specific competencies. It also incorporates provisions related to caseload management, resolution timelines, prioritization of urgent cases, and the technological tools to be used for monitoring constitutional decisions. Furthermore, it emphasizes the need for continuous training of judges, clerks, and support staff to ensure that rulings are issued in accordance with principles of reasonableness, proportionality, and a rights-based approach. The resolution also establishes monitoring and evaluation processes to assess the impact of these units on reducing case processing times, improving the quality of rulings, and enhancing the effective protection of rights. Finally, it recognizes the importance of coordination with other branches of the State to ensure compliance with constitutional court decisions. Altogether, this resolution represents a significant step forward in consolidating a more right-oriented, efficient, and specialized judicial system, in line with the country’s needs.
Source: Second Supplement, Official Registry No. 162. Wednesday, November 12, 2025.
RESOLUTION
JUDICIAL COUNCIL
No. 084-2025
By means of Resolution 084-2025, the Judicial Council repeals Resolution 063-2025, which contained the Regulation for processing authorization for the departure of children and adolescents from the country through notarial services. This repeal is based on constitutional principles related to freedom of movement (Art. 66.14), the best interests of the child, the normative authority of the Judicial Function, and international standards for the protection of minors. The resolution is based on the recognition that the previous regulation established notarial procedures which, in
some cases, created unnecessary burdens or ambiguous interpretations regarding the requirements for authorizing the departure of minors from the country. With this repeal, the aim is to eliminate redundant procedures, reinforce regulatory clarity, and ensure that any restrictions on the movement of children and adolescents are solely provided by law and ordered by the competent judge.
The regulation also emphasizes the importance of ensuring the integrity and security of documentation in procedures related to human mobility and the prevention of child trafficking. To this end, it reaffirms principles established in the Protocol against the Illicit Trafficking of Migrants and other international provisions. While new guidelines are issued, the main legal framework remains in force: the Code for Children and Adolescents, the Notarial Law, and current migration regulations.
The repeal implies that notaries must strictly adhere to the law without applying previously annulled regulatory provisions. Additionally, the Judiciary Council will promote the development of new regulations that are clearer, harmonized, and aligned with rights protection standards. This regulatory change helps to avoid procedural duplications, strengthen legal certainty, and protect children and adolescents under an updated and coherent legal framework.
Source: Second Supplement of the Official Registry No. 162. Wednesday, November 12, 2025.
EXECUTIVE DECREE
PRESIDENCY OF THE REPUBLIC
Nro. 212
Executive Decree No. 212 issues the General Regulations to the Organic Law for the Strengthening of Protected Areas in Ecuador, a fundamental regulation aimed at consolidating the country’s environmental governance and ensuring the conservation of its biodiversity. The regulation develops the structure of the National System of Protected Areas (SNAP), defining responsibilities, management levels, financing mechanisms, and planning instruments for the administration of protected areas. It establishes that the National Environmental Authority is responsible for overseeing the system, while delegated administrations—including local public agencies, community organizations, and private actors—must comply with specific requirements to operate under the principles of sustainability, precaution, restoration, and rational use of natural resources. Key elements of the regulation include requirements for obtaining, renewing, and supervising administrative authorizations for activities within protected areas; rules for interventions in buffer zones; guidelines on ecotourism, scientific research, environmental education, and sustainable use; and mechanisms for environmental evaluation, auditing, monitoring, and sanctions. Additionally, it regulates the National Fund for Protected Areas, which will be financed through budget allocations, international cooperation, public–community partnerships, and private contributions. The regulation also incorporates conservation incentives, recognizing the role of local communities in protecting strategic ecosystems such as páramos, cloud forests, and marine reserves. Priority is given to the restoration of degraded ecosystems and the prevention of illegal activities, including mining, logging, or hunting within the SNAP. It also governs citizen participation and territorial consultations, including the role of
indigenous peoples and nationalities in the community management of natural heritage. This regulation provides the country with a robust and up-to-date instrument to ensure the conservation of its protected areas, aligned with international commitments on climate change, biodiversity, and sustainable development.
Source: Sixth Supplement of the Official Registry No. 166. Tuesday, November 18, 2025.
