Boletín legal de octubre 2025
RESOLUCIÓN
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
NRO. 096
La Procuraduría General del Estado, expidió la Regulación del Centro de Mediación de la PGE. El objetivo central de esta resolución es fortalecer la gestión institucional de los servicios de mediación ofrecidos por la Procuraduría y optimizar su eficiencia en beneficio de la ciudadanía. La nueva normativa organiza de manera clara la estructura y operaciones del Centro de Mediación: define la estructura organizativa y las competencias de las distintas unidades y funcionarios encargados del servicio, establece los procedimientos detallados para la recepción y admisión de solicitudes de mediación, la conducción de las audiencias y la formalización de acuerdos, todo ello garantizando principios de transparencia, equidad, confidencialidad y celeridad en la tramitación de los casos. Asimismo, se delimitan las responsabilidades del personal mediador y administrativo, instaurando mecanismos de supervisión y rendición de cuentas dentro del Centro. Un aspecto destacado es la promoción de la capacitación continua de los mediadores y demás servidores, de modo que el Centro mantenga altos estándares de calidad, se adecúe a las mejores prácticas y atienda oportunamente las actualizaciones legales o sociales en materia de resolución de conflictos. Igualmente, el reglamento implementa evaluaciones periódicas de desempeño y satisfacción respecto de los servicios de mediación brindados, con el fin de identificar áreas de mejora y aplicar correctivos de manera proactiva.
Fuente: Registro Oficial N.º 150.
Jueves 23 de octubre de 2025.
DECRETO EJECUTIVO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Nro. 191
El presidente de la República expidió el Reglamento General a la Ley Orgánica de Transparencia Social. Esta norma desarrolla la reciente Ley de Transparencia Social (antes conocida como Ley de Fundaciones) con el objetivo de fortalecer el control social, la rendición de cuentas y prevenir posibles flujos económicos ilícitos a través de organizaciones sin fines de lucro. El Reglamento establece mecanismos de participación ciudadana efectiva, definiendo al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) como autoridad rectora del sistema de transparencia, encargado de emitir directrices y evaluar el cumplimiento de la Ley. Se incorporan como herramientas activas de control social las veedurías, observatorios ciudadanos y demás mecanismos de participación previstos en la normativa. Asimismo, el Reglamento impone obligaciones específicas a las organizaciones sociales sin fines de lucro (fundaciones, corporaciones, ONG y demás formas organizativas) en materia de transparencia financiera y buen gobierno. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria podrá verificar el cumplimiento de estas disposiciones y ordenar, de ser el caso, la suspensión de la personería jurídica de la organización por hasta cuatro años, sin perjuicio de otras sanciones legales. Adicionalmente, el Reglamento obliga a todas las entidades públicas, y a las privadas que manejen fondos públicos o cumplan funciones públicas, a implementar procesos anuales de rendición de cuentas, bajo enfoques de interculturales, intergeneracionales e inclusivos.
Fuente: Octavo Suplemento N.º 153. Martes 28 de octubre de 2025.
RESOLUCIÓN
AGENCIA DE REGULACIÓN Y CONTROL DE ELECTRICIDAD (ARCONEL)
No. ARCONEL-2025-0030-RES
La resolución emitida por la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (ARCONEL) enmarca las medidas adoptadas para afrontar la emergencia del sector eléctrico declarada en 2024, con el propósito de incentivar y retribuir la contribución de generadores privados de emergencia que aportan energía durante situaciones de déficit o racionamiento eléctrico. En concreto, la normativa fija un valor de compensación por kilovatio-hora (kWh) generado con grupos electrógenos de emergencia, diferenciado según el tipo de combustible utilizado y la potencia del generador. ARCONEL estableció que este rubro de compensación será actualizado mensualmente, publicándose el valor vigente el primer día hábil posterior al día 11 de cada mes, tomando como referencia criterios técnicos y los costos promedio de los combustibles correspondientes. Para el período inicial comprendido aproximadamente entre el 12 de octubre y el 11 de noviembre de 2025, la resolución determinó valores de compensación que oscilan, entre alrededor de USD 0,20 por kWh para energía generada con diésel 2 en pequeños generadores (menos de 100 kW), hasta aproximadamente USD 0,30 por kWh para generación con combustibles de mayor costo en equipos de gran capacidad (100 kW o más). Estos valores reflejan el reconocimiento de los costos variables de generación de cada tipo de grupo electrógeno, asegurando que la operación de estos resulte económicamente sostenible para sus propietarios cuando apoyen al sistema eléctrico nacional. Con esta medida, el Estado ecuatoriano garantiza un incentivo claro para que industrias, empresas y otros actores con capacidad de autogeneración de emergencia aporten energía al sistema en momentos críticos, contribuyendo a la continuidad del servicio eléctrico y a la resiliencia de la red ante contingencias.
Fuente: Sexto Suplemento N.º 145. Jueves 16 de octubre de 2025.
RESOLUCIÓN
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (SRI)
Nro. NAC-DGERCGC25-00000033
Esta resolución amplía el plazo para la presentación de las declaraciones tributarias correspondientes al mes de septiembre de 2025. Esta medida extraordinaria se adoptó con fundamento en el Código Tributario, que faculta a la autoridad fiscal a extender plazos de declaraciones en casos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados. En efecto, debido a condiciones excepcionales que afectaron a la provincia de Imbabura durante ese período (dificultades en la movilidad, transporte y daños en la infraestructura vial, entre otras situaciones de emergencia), el SRI determinó conceder una prórroga para que los contribuyentes domiciliados en dicha provincia puedan cumplir con sus obligaciones tributarias sin incurrir en sanciones. La resolución establece que las declaraciones mensuales de Impuesto al Valor Agregado (IVA) y retenciones en la fuente correspondientes a septiembre de 2025 podrán ser presentadas hasta el mes de noviembre de 2025, en las fechas específicas que el SRI detalla según el noveno dígito del RUC de cada contribuyente. Gracias a esta ampliación de plazo, los sujetos pasivos afectados no serán objeto de multas, recargos ni intereses por la presentación tardía de sus declaraciones, siempre y cuando lo hagan dentro del nuevo calendario fijado en noviembre. Es importante señalar que la medida se circunscribe a los contribuyentes de Imbabura, por lo que en el resto del país se mantuvieron los plazos originales de octubre.
Fuente: Quinto Suplemento N.º 144. Miércoles 15 de octubre de 2025.
RESOLUCIÓN
TRIBUNAL CONTENCIOSO ELECTORAL
Nro. PLE-TCE-3-30-09-2025
Esta resolución aprueba el Instructivo que regula la creación, conformación y funcionamiento del Comité de Transparencia del TCE. Esta normativa interna se enmarca en las políticas de fortalecimiento de la integridad institucional y cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP) dentro de la Función Electoral. El instructivo dispone la creación formal del Comité de Transparencia del TCE como órgano colegiado encargado de velar por la implementación y seguimiento de las prácticas de transparencia activa en el Tribunal. Se detalla la conformación del Comité, integrándolo con altos funcionarios del TCE: típicamente lo presidirá uno de los jueces del Pleno o un delegado de la Presidencia del Tribunal, e incluirá al Secretario General y a directores de áreas estratégicas (por ejemplo, dirección de tecnologías de información, comunicación, asesoría jurídica, u otros según la estructura del TCE). También se prevé la participación de un delegado de la ciudadanía o de organismos de control social en calidad de observador, en caso de que la normativa de la Función de Transparencia así lo aconseje, reforzando la legitimidad de sus actuaciones (esta participación externa puede definirse mediante convenios con el CPCCS u otras entidades). El instructivo establece las funciones y atribuciones del Comité de Transparencia: entre ellas, supervisar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia pasiva y activa del TCE (por ejemplo, la correcta publicación en el portal web institucional de la información obligatoria: presupuesto, contratos, viáticos, agenda de autoridades, etc., conforme la LOTAIP), resolver sobre la clasificación o desclasificación de información reservada o confidencial en poder del Tribunal, conocer y dar trámite a las solicitudes ciudadanas de acceso a información pública dirigidas al TCE, así como coordinar la preparación del informe anual de Rendición de Cuentas de la entidad. Asimismo, el Comité deberá proponer políticas y recomendaciones para mejorar la transparencia y la ética institucional, fomentar la capacitación de los servidores en materia de acceso a la información y protección de datos personales, y articular las acciones del TCE con las directrices que emita el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social u otros órganos competentes en materia de transparencia.
Fuente: Sexto Suplemento N.º 137. Jueves 2 de octubre de 2025.
RESOLUCIÓN
DECRETO
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
Nro. 126
Este decreto reforma el Reglamento Codificado de Regulación de Precios de Derivados de Hidrocarburos, eliminando el subsidio al diésel premium automotriz. A partir de su vigencia (13 de septiembre de 2025), fija el precio temporal del diésel premium en USD 2,80 por galón (antes USD 1,80) para el periodo 13 de septiembre al 11 de diciembre de 2025. Luego, a partir del 12 de diciembre de 2025 se implementará un nuevo mecanismo de estabilización mensual ligado al precio internacional del crudo: el precio se ajustará mensualmente tomando en cuenta la paridad de importación, costos logísticos y un margen de la abastecedora estatal, sujeto a límites máximos de variación de +5% al alza y -10% a la baja respecto al mes anterior. El decreto también elimina las tarifas preferenciales existentes para sectores especiales (navieras, atuneras, termoeléctricas, etc.) y ordena que Petroecuador mejore la calidad del diésel –reduciendo gradualmente su contenido de azufre hasta 50 ppm (calidad Euro IV) en un plazo de 12 meses. Para la fijación y publicación de precios participará la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCONEL). El objetivo declarado es reorientar el gasto fiscal (se estima ahorrar más de USD 1.000 millones anuales) hacia programas sociales y productivos, y evitar una política regresiva de subsidios que beneficiaba sobre todo a quienes más combustibles consumen. Se fijan compensaciones sociales (bonos a transportistas, etc.) en decretos complementarios (Nros. 125 y 127).
Fuente: Cuarto Suplemento N.º 124. Lunes, 15 de septiembre de 2025.
LEY ORGÁNICA
ASAMBLEA NACIONAL
S/N REFORMA CÓDIGO MONETARIO Y FINANCIERO
El 13 de octubre de 2025 se publicó en el Registro Oficial la Ley Orgánica Reformatoria del Código Orgánico Monetario y Financiero, la cual introduce cambios estructurales en el sistema monetario y financiero ecuatoriano. Esta reforma busca modernizar la institucionalidad del sector financiero, promover su estabilidad y ampliar el acceso al crédito, mediante ajustes en la gobernanza de los organismos de regulación y en las reglas aplicables a entidades financieras. Uno de los ejes centrales es la restructuración institucional: la ley crea la Junta de Política y Regulación Financiera y Monetaria (JPRFM), un nuevo organismo que fusiona las funciones que antes correspondían por separado a la Junta de Política Monetaria y a la Junta de Regulación Financiera. La JPRFM se instituye como el órgano máximo de gobierno del Banco Central del Ecuador (BCE), con autonomía funcional, técnica e institucional. Estará conformada por cinco miembros, quienes deben poseer alta formación (título de posgrado en materias afines) y al menos una década de experiencia profesional en el ámbito monetario o financiero. A esta Junta le compete formular las políticas monetaria, crediticia, financiera, de seguros, de valores y de servicios prepagados de salud, así como dictar normas prudenciales para preservar la estabilidad y solidez del sistema financiero nacional. La ley también implementa reformas al Banco Central del Ecuador, reforzando su autonomía técnica e institucional y delimitando con mayor precisión sus funciones. Se confirma al BCE como persona jurídica de derecho público parte de la Función Ejecutiva, pero se le prohíbe explícitamente ejercer actividades de banca comercial. Adicionalmente, se introduce una regla de respaldo de la dolarización: a partir del año 2040, la totalidad de los pasivos de corto y mediano plazo del balance del BCE deberán estar respaldados al 100% por reservas internacionales líquidas. Esta disposición obligará al Banco Central a mantener suficientes activos externos para cubrir íntegramente el dinero electrónico, los depósitos bancarios en el BCE y otros pasivos, fortaleciendo la sostenibilidad del esquema monetario dolarizado. Se elevan los requisitos mínimos de patrimonio y solvencia para las entidades financieras, procurando que dispongan de colchones de capital suficientes frente a riesgos. Paralelamente, se amplían las facultades de las superintendencias (Superintendencia de Bancos y Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, según el caso) para exigir aumentos de capital a las instituciones que muestren debilidades patrimoniales y para intervenir con mayor agilidad imponiendo planes de regularización cuando se detecten deficiencias significativas. Se establecen mecanismos más estrictos de control y alertas tempranas para corregir desequilibrios financieros, todo con la mira de proteger a los depositantes y al público usuario de servicios financieros. La ley amplía el alcance de la información crediticia: autoriza a las centrales de riesgo o burós de crédito a incorporar datos no solo del sistema financiero tradicional sino también del mercado de valores, del sector comercial y de servicios, incluyendo el historial de pagos de servicios básicos (agua, luz, telecomunicaciones) y el cumplimiento de obligaciones tributarias. Adicionalmente, se permite la transformación voluntaria de cooperativas de ahorro y crédito en bancos privados: las cooperativas de mayor tamaño que deseen dar este paso podrán hacerlo si así lo decide su Asamblea General de socios y siempre que cumplan los requisitos de capitalización, solvencia y gobierno corporativo que fijará la JPRFM. Esta innovación abre la puerta a que cooperativas exitosas evolucionen hacia bancos regulados, ampliando la competencia en el mercado financiero. En conjunto, la Ley Reformatoria del Código Monetario y Financiero fortalece la arquitectura institucional del sistema financiero dotándolo de un ente unificado de formulación de políticas, robustece la dolarización, refuerza la supervisión bancaria e introduce herramientas para impulsar el crédito responsable e inclusivo.
Fuente: Sexto Suplemento N.º 142. Lunes 13 de octubre de 2025.
ACUERDO MINISTERIAL
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
No. 068-CG-2025
La Contraloría General del Estado expidió el Reglamento para la implementación del mecanismo de compensación obligatoria en la liquidación de contratos públicos, en cumplimiento de recientes reformas legales en materia de contratación pública. Este Acuerdo, establece el procedimiento que las entidades contratantes deben seguir al finalizar un contrato público para verificar y compensar valores pendientes a favor del Estado. En esencia, antes del pago final o liquidación de un contrato, la entidad pública contratante deberá consultar a la Contraloría si el contratista mantiene obligaciones firmes derivadas de responsabilidades civiles culposas o glosas determinadas en auditorías realizadas por la propia Contraloría. De existir valores pendientes, el mecanismo dispone una compensación obligatoria. El Reglamento desarrolla los pasos y herramientas para esta verificación, incluyendo la utilización de un sistema informático integral mediante el cual la Contraloría emitirá certificados sobre la existencia o inexistencia de deudas del contratista con el Estado. Asimismo, se crea un catálogo de formatos estandarizados para documentar el proceso de compensación, asegurando uniformidad en su aplicación en todas las instituciones. Esta normativa busca garantizar la recuperación eficaz de recursos públicos provenientes de glosas o sanciones, evitando que contratistas con obligaciones pendientes eludan su pago al término de los contratos. De este modo, se fortalece la integridad en la contratación pública y se protege el erario nacional.
Fuente: Segundo Suplemento N.º 152. Lunes 27 de octubre de 2025.
LEY ORGÁNICA
ASAMBLEA NACIONAL
S/N REFORMA SISTEMA CONTRATACIÓN PÚBLICA
La Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (LOSNCP), introduce numerosas modificaciones destinadas a modernizar y hacer más eficiente el régimen de compras públicas en el Ecuador. Entre las principales reformas, la nueva ley incorpora el principio de “mejor valor por dinero” como norte de la contratación pública, enfatizando que las instituciones contratantes deben procurar la máxima eficiencia y calidad en el uso de recursos del Estado. Se aclara además que la LOSNCP no será aplicable a los proyectos de Asociación Público-Privada (APP), salvo que la propia normativa de APP, los pliegos o los contratos respectivos remitan expresamente a ella, con lo cual los proyectos APP quedan mayoritariamente regidos por su marco especial. Un cambio institucional relevante es que el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) verá acotadas sus facultades normativas: la reforma le faculta únicamente para expedir modelos de pliegos, contratos y metodologías de aplicación, pero ya no podrá emitir regulación secundaria de carácter obligatorio para el Sistema Nacional de Contratación Pública. Esto devuelve el peso normativo a la propia ley y a su reglamento, evitando una proliferación de disposiciones por vía de resoluciones administrativas de SERCOP. En materia de contratación de servicios de consultoría, la ley establece que estos no formarán parte del Catálogo Electrónico y fija nuevos umbrales: si el presupuesto referencial del servicio de consultoría supera los USD 10.000, la selección del consultor deberá hacerse mediante Concurso Público de Méritos y Oposición; en cambio, para contratos de consultoría de menor cuantía (≤ USD 10.000) se podrá acudir a la contratación directa por ínfima cuantía, simplificando trámites en esos casos de escaso monto. Otra reforma significativa aborda los contratos interadministrativos (aquellos entre entidades públicas): se dispone que, si una empresa pública actúa como contratista ejecutando una obra o servicio para otra entidad pública, no podrá asociarse con empresas privadas para cumplir el contrato, ni subcontratar a privados más del 30% del valor total contratado, salvo que la subcontratación sea autorizada previamente por el SERCOP. Con esto se busca evitar que bajo la figura de interadministrativos se encubran contrataciones con privados sin concurso. Otra novedad es la regulación de la terminación anticipada por mutuo acuerdo: si una entidad pública y el contratista deciden dar por terminado un contrato de común acuerdo, la entidad podrá contratar directamente con terceros la ejecución de las obligaciones pendientes que quedaron inconclusas, pero deberá hacerlo dentro de un plazo máximo de 2 meses desde la terminación y, crucialmente, no podrá adjudicar esas obligaciones pendientes al mismo contratista saliente. Esto permite dar continuidad rápida a proyectos paralizados, garantizando a la vez que un contratista incumplido no reciba nuevamente el encargo. En cuanto a los recursos administrativos, la ley establece que las impugnaciones o apelaciones en procedimientos de contratación pública se regirán por lo dispuesto en el Código Orgánico Administrativo (COA), integrando así el régimen general de recursos y plazos de la normativa administrativa común, lo que unifica criterios procedimentales y suple vacíos que existían en la LOSNCP anterior. Adicionalmente, se refuerza el control en la fase precontractual: si durante un concurso un oferente considera que la entidad contratante ha vulnerado la normativa, podrá presentar un reclamo ante el SERCOP para que este verifique el cumplimiento de la ley. Finalmente, la reforma incorpora una disposición de gran importancia en materia de transparencia y lucha contra la corrupción: antes de efectuar el pago final de un contrato, la entidad contratante deberá consultar a la Contraloría General del Estado para verificar si el contratista mantiene glosas o valores determinados pendientes de pago a favor del Estado. En caso afirmativo, la entidad deberá compensar de oficio dichos valores descontándolos del pago final y transfiriéndolos al organismo o cuenta correspondiente. Esta medida –que se articula con el Reglamento específico emitido por la Contraloría– asegura que los contratistas salden sus responsabilidades con el Estado antes de recibir el último pago. En resumen, esta reforma legal fortalece la transparencia, agilidad y equilibrio en las contrataciones públicas, alineando la normativa con buenas prácticas internacionales y respondiendo a observaciones de distintos sectores sobre demoras en pagos, abuso de figuras excepcionales y falta de control en etapas críticas del proceso contractual.
Fuente: Cuarto Suplemento N.º 140. Martes 7 de octubre de 2025.
Para PUENTE & ASOCIADOS Estudio Jurídico será un gusto atender todas tus consultas y requerimientos, para lo cual te solicitamos se comunique al email o a los números telefónicos de nuestras oficinas.
Este documento es de carácter informativo, no constituye una opinión legal o criterio de Puente & Asociados, ni sus miembros.
Legal Bulletin – November 2025.
RESOLUTION
ATTORNEY GENERAL’S OFFICE
NRO. 096
The Office of the Attorney General of the State issued the Regulation of the PGE Mediation Center. The central objective of this resolution is to strengthen the institutional management of the mediation services provided by the Office of the Attorney General and to enhance their efficiency for the benefit of the public. The new regulation clearly organizes the structure and operations of the Mediation Center: it defines the organizational framework and the competencies of the various units and officials responsible for the service; it establishes detailed procedures for the receipt and admission of mediation requests, the conduct of hearings, and the formalization of agreements, all while ensuring the principles of transparency, fairness, confidentiality, and expediency in the processing of cases. Additionally, the responsibilities of the mediating and administrative personnel are clearly defined, establishing oversight and accountability mechanisms within the Center. A noteworthy aspect is the emphasis on the continuous training of mediators and other staff members, ensuring that the Center upholds high quality standards, aligns with best practices, and remains responsive to legal or social developments in the field of dispute resolution. Likewise, the regulation introduces periodic evaluations of performance and user satisfaction regarding the mediation services provided, with the aim of identifying areas for improvement and implementing corrective measures proactively.
Source: Official Register No. 150.
Thursday, 23 October 2025.
EXECUTIVE DECREE
PRESIDENCY OF THE REPUBLIC
Nro. 191
The President of the Republic issued the General Regulations to the Organic Law on Social Transparency. This regulation develops the recent Social Transparency Law (formerly known as the Foundations Law) with the purpose of strengthening social oversight, accountability, and preventing potential illicit financial flows through non-profit organizations. The Regulations establish mechanisms for effective citizen participation, designating the Council for Citizen Participation and Social Control (CPCCS) as the governing authority of the transparency system, responsible for issuing guidelines and evaluating compliance with the Law. Active tools for social oversight, such as citizen watchdogs, observatories, and other participation mechanisms provided by the legislation, are incorporated. Additionally, the Regulations impose specific obligations on non-profit social organizations (foundations, corporations, NGOs, and other organizational forms) regarding financial transparency and good governance. The Superintendency of Popular and Solidarity Economy may verify compliance with these provisions and, if applicable, order the suspension of the organization’s legal status for up to four years, without prejudice to other legal sanctions. Furthermore, the Regulations require all public entities, as well as private entities that manage public funds or perform public functions, to implement annual accountability processes based on intercultural, intergenerational, and inclusive approaches.
Source: Eighth Supplement No. 153. Tuesday, October 28, 2025.
RESOLUTION
AGENCY FOR ELECTRICITY REGULATION AND CONTROL (ARCONEL)
No. ARCONEL-2025-0030-RES
The resolution issued by the Agency for Electricity Regulation and Control (ARCONEL) establishes the measures adopted to address the electricity sector emergency declared in 2024, with the purpose of incentivizing and compensating private emergency generators that supply energy during periods of shortage or load shedding. Specifically, the regulation sets a compensation rate per kilowatt-hour (kWh) generated by emergency generator sets, differentiated according to the type of fuel used and the generator’s capacity. ARCONEL established that this compensation rate will be updated monthly, with the current rate published on the first business day following the 11th of each month, based on technical criteria and the average costs of the corresponding fuels. For the initial period, approximately from October 12 to November 11, 2025, the resolution set compensation rates ranging from around USD 0.20 per kWh for energy generated with Diesel 2 in small generators (less than 100 kW), up to approximately USD 0.30 per kWh for generation using higher-cost fuels in large-capacity equipment (100 kW or more). These rates reflect the acknowledgment of the variable generation costs of each type of emergency generator, ensuring that their operation remains economically sustainable for their owners when supporting the national electricity system. With this measure, the Ecuadorian State ensures a clear incentive for industries, companies, and other entities with emergency self-generation capacity to supply energy to the system during critical periods, thereby contributing to the continuity of electricity service and the resilience of the grid in the face of contingencies.
Source: Sixth Supplement No. 145. Thursday, October 16, 2025.
RESOLUTION
INTERNAL REVENUE SERVICE (SRI)
Nro. NAC-DGERCGC25-00000033
This resolution extends the deadline for the submission of tax returns corresponding to September 2025. This extraordinary measure was adopted pursuant to the Tax Code, which empowers the tax authority to extend filing deadlines in cases of force majeure or unforeseen circumstances that are duly justified. Indeed, due to exceptional conditions affecting the province of Imbabura during that period (such as mobility and transportation difficulties and damage to road infrastructure, among other emergency situations) the SRI decided to grant an extension so that taxpayers domiciled in that province could fulfill their tax obligations without incurring penalties. The resolution establishes that the monthly Value Added Tax (VAT) and withholding tax returns for September 2025 may be submitted until November 2025, on the specific dates specified by the SRI according to the ninth digit of each taxpayer’s RUC. Thanks to this extension, affected taxpayers will not be subject to fines, surcharges, or interest for late submission, if they file within the new schedule set for November. It is important to note that this measure is limited to taxpayers in Imbabura; therefore, in the rest of the country, the original October deadlines remain in effect.
Source: Fifth Supplement No. 144. Wednesday, October 15, 2025.
RESOLUTION
ELECTORAL CONTENTIOUS TRIBUNAL
Nro. PLE-TCE-3-30-09-2025
This resolution approves the Instruction Manual regulating the creation, composition, and operation of the TCE Transparency Committee. This internal regulation is framed within the policies aimed at strengthening institutional integrity and ensuring compliance with the Law on Transparency and Access to Public Information (LOTAIP) within the Electoral Function. The directive provides for the formal establishment of the TCE Transparency Committee as a collegiate body responsible for overseeing the implementation and monitoring of active transparency practices within the Tribunal. The composition of the Committee is specified, typically chaired by one of the full judges or a delegate of the Tribunal’s Presidency, and includes the Secretary General and directors of strategic areas (for example, Information Technology, Communications, Legal Advisory, or others according to the TCE’s organizational structure). The directive also foresees the participation of a citizen delegate or representatives from social oversight bodies as observers, should the regulations of the Transparency Function so advise, thereby reinforcing the legitimacy of the Committee’s actions. Such external participation may be established through agreements with the CPCCS or other relevant entities. The directive establishes the functions and powers of the Transparency Committee, which include supervising the TCE’s compliance with passive and active transparency obligations (for example, the proper publication on the institutional website of mandatory information such as budget, contracts, per diems, officials’ agendas, etc., in accordance with LOTAIP); deciding on the classification or declassification of reserved or confidential information held by the Tribunal; receiving and processing citizen requests for access to public information submitted to the TCE; and coordinating the preparation of the entity’s annual Accountability Report. Additionally, the Committee shall propose policies and recommendations to enhance institutional transparency and ethics, promote the training of staff in matters of access to information and personal data protection, and coordinate the TCE’s actions with the guidelines issued by the Council for Citizen Participation and Social Oversight or other competent transparency authorities.
Source: Sixth Supplement No. 137. Thursday, October 2, 2025.
EXECUTIVE DECREE
PRESIDENCY OF THE REPUBLIC
Nro. 126
This decree amends the Codified Regulation on the Pricing of Hydrocarbon Derivatives, eliminating the subsidy on automotive premium diesel. Effective from its entry into force (September 13, 2025), it sets the temporary price of premium diesel at USD 2.80 per gallon (previously USD 1.80) for the period from September 13 to December 11, 2025. Subsequently, starting December 12, 2025, a new monthly stabilization mechanism linked to the international crude oil price will be implemented: the price will be adjusted monthly based on import parity, logistics costs, and a margin for the state supplier, subject to maximum variation limits of +5% upward and -10% downward compared to the previous month. The decree also eliminates existing preferential rates for special sectors (shipping companies, tuna processing, thermoelectric plants, etc.) and mandates that Petroecuador improves the quality of diesel—gradually reducing its sulfur content to 50 ppm (Euro IV quality) within a 12-month period. The Hydrocarbons Regulation and Control Agency (ARCONEL) will participate in setting and publishing the prices. The stated objective is to reallocate fiscal spending—estimated to save over USD 1 billion annually—toward social and productive programs, and to avoid a regressive subsidy policy that primarily benefited those who consume the most fuel. Social compensation (such as bonuses for transport operators, etc.) are established in complementary decrees (Nos. 125 and 127).
Source: Fourth Supplement No. 124. Monday, September 15, 2025.
ORGANIC LAW
NATIONAL ASSEMBLY
REFORM TO THE MONETARY AND FINANCIAL CODE
On October 13, 2025, the Organic Reform Law to the Organic Monetary and Financial Code was published in the Official Register, introducing structural changes to Ecuador’s monetary and financial system. This reform aims to modernize the institutional framework of the financial sector, promote its stability, and expand access to credit through adjustments in the governance of regulatory bodies and the rules applicable to financial institutions. A central focus is institutional restructuring: the law establishes the Financial and Monetary Policy and Regulation Board (JPRFM), a new body that merges the functions previously held separately by the Monetary Policy Board and the Financial Regulation Board. The JPRFM is established as the highest governing authority of the Central Bank of Ecuador (BCE), with functional, technical, and institutional autonomy. It will be composed of five members, each required to have advanced academic training (a postgraduate degree in relevant fields) and at least ten years of professional experience in the monetary or financial sector. This Board is responsible for formulating monetary, credit, financial, insurance, securities, and prepaid health services policies, as well as issuing prudential regulations to preserve the stability and soundness of the national financial system. The law also introduces reforms to the Central Bank of Ecuador (BCE), strengthening its technical and institutional autonomy and more precisely defining its functions. The BCE is confirmed as a legal entity within the Executive Function, but it is explicitly prohibited from engaging in commercial banking activities. Additionally, a rule supporting dollarization is introduced: starting in 2040, all short- and medium-term liabilities on the BCE’s balance sheet must be fully backed (100%) by liquid international reserves. This provision will require the Central Bank to maintain sufficient external assets to fully cover electronic money, bank deposits held at the BCE, and other liabilities, thereby strengthening the sustainability of the dollarized monetary system. The minimum capital and solvency requirements for financial institutions are raised, ensuring that they maintain sufficient capital buffers against risks. At the same time, the powers of the supervisory authorities (the Superintendency of Banks and the Superintendency of Popular and Solidarity Economy, as applicable) are expanded, allowing them to demand capital increases from institutions showing patrimonial weaknesses and to intervene more swiftly by imposing regularization plans when significant deficiencies are detected. Stricter control mechanisms and early warning systems are established to correct financial imbalances, all with the aim of protecting depositors and the public using financial services. The law broadens the scope of credit information: credit bureaus or risk centers are authorized to incorporate data not only from the traditional financial system but also from the securities market, the commercial sector, and service providers, including payment histories for basic utilities (water, electricity, telecommunications) and compliance with tax obligations. Additionally, voluntary conversion of savings and credit cooperatives into private banks is permitted: larger cooperatives wishing to take this step may do so if approved by their General Assembly of members, provided they meet the capitalization, solvency, and corporate governance requirements established by the JPRFM. This innovation opens the door for successful cooperatives to evolve into regulated banks, thereby expanding competition in the financial market. Overall, the Reform Law of the Monetary and Financial Code strengthen the institutional framework of the financial system by providing a unified policy-making body, reinforces dollarization, enhances supervision, and introduces tools to promote responsible and inclusive credit.
Source: Sixth Supplement No. 142. Monday, October 13, 2025.
MINISTERIAL AGREEMENT
OFFICE OF THE COMPTROLLER GENERAL OF THE STATE
No. 068-CG-2025
The Office of the Comptroller General of the State issued the Regulation for the implementation of the mandatory compensation mechanism in the settlement of public contracts, in compliance with recent legal reforms in public procurement. This Ministerial Agreement establishes the procedure that contracting entities must follow upon the conclusion of a public contract to verify and offset amounts owed to the State. Essentially, prior to the final payment or settlement of a contract, the public contracting entity must consult the Comptroller’s Office to determine whether the contractor has outstanding obligations arising from civil liability or disallowances identified in audits conducted by the Comptroller itself. If outstanding amounts exist, the mechanism provides for mandatory offsetting. The Regulation details the steps and tools for this verification, including the use of an integrated IT system through which the Comptroller’s Office will issue certificates confirming the existence or non-existence of the contractor’s debts to the State. Additionally, a catalog of standardized forms is established to document the offsetting process, ensuring uniform application across all institutions. This regulation seeks to ensure the effective recovery of public funds arising from disallowances or penalties, preventing contractors with outstanding obligations from evading payment at the conclusion of their contracts. In this way, it strengthens integrity in public procurement and safeguards the national treasury.
Source: Second Supplement No. 152. Monday, October 27, 2025.
ORGANIC LAW
NATIONAL ASSEMBLY
REFORM OF THE PUBLIC PROCUREMENT SYSTEM
The Organic Reform Law to the Organic Law of the National Public Procurement System (LOSNCP) introduces numerous amendments aimed at modernizing and making Ecuador’s public procurement framework more efficient. Among the main reforms, the new law incorporates the principle of “best value for money” as the guiding standard for public procurement, emphasizing that contracting entities must seek maximum efficiency and quality in the use of State resources. It is further clarified that the LOSNCP will not apply to Public-Private Partnership (PPP) projects, unless the PPP regulations, bidding documents, or contracts expressly refer to it, meaning that PPP projects are largely governed by their specific legal framework. A significant institutional change is that the National Public Procurement Service (SERCOP) will have its regulatory powers limited: the reform authorizes it solely to issue standard templates for bidding documents, contracts, and application methodologies, but it will no longer be able to issue mandatory secondary regulations for the National Public Procurement System. This restores normative weight to the law itself and its regulations, preventing the proliferation of provisions through SERCOP administrative resolutions. Regarding the procurement of consulting services, the law establishes that these will not be included in the Electronic Catalog and sets new thresholds: if the reference budget for a consulting service exceeds USD 10,000, the selection of the consultant must be conducted through a Public Competition of Merits and Opposition; conversely, for lower-value consulting contracts (≤ USD 10,000), direct procurement for minimal amounts may be used, thereby simplifying procedures in such low-value cases. Another significant reform addresses inter-administrative contracts (those between public entities): it is stipulated that if a public company acts as a contractor executing a work or service for another public entity, it may not partner with private companies to fulfill the contract, nor subcontract more than 30% of the total contract value to private entities, unless such subcontracting is previously authorized by SERCOP. This measure seeks to prevent the use of inter-administrative contracts as a means to circumvent competitive procurement involving private parties. Another new provision regulates early termination by mutual agreement: if a public entity and the contractor decide to terminate a contract by mutual consent, the entity may directly contract third parties to carry out the pending obligations left unfinished. However, this must be done within a maximum period of two months from the termination, and, crucially, the pending obligations cannot be awarded to the outgoing contractor. This ensures the rapid continuation of halted projects while guaranteeing that a non-compliant contractor does not receive the assignment again. Regarding administrative remedies, the law establishes that challenges or appeals in public procurement procedures shall be governed by the provisions of the Organic Administrative Code (COA), thereby integrating the general framework of remedies and deadlines under the common administrative law. This unifies procedural criteria and fills gaps that existed in the previous LOSNCP. Additionally, control is strengthened during the pre-contractual phase: if, during a bidding process, a bidder considers that the contracting entity has violated the regulations, they may file a complaint with SERCOP so that it can verify compliance with the law. Finally, the reform incorporates a highly significant provision regarding transparency and anti-corruption: before making the final payment of a contract, the contracting entity must consult the Comptroller General of the State to verify whether the contractor has any pending disallowances or amounts owed by the State. If such obligations exist, the entity must automatically offset these amounts from the final payment and transfer them to the corresponding agency or account. This measure—coordinated with the specific Regulation issued by the Comptroller—ensures that contractors settle their obligations to the State before receiving the final payment. In summary, this legal reform strengthens transparency, efficiency, and balance in public procurement, aligning the regulations with international best practices and addressing concerns from various sectors regarding payment delays, abuse of exceptional procedures, and lack of oversight during critical stages of the contracting process.
Source: Fourth Supplement No. 140. Tuesday, October 7, 2025.
